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I

El escenario político ha estado marcado, hasta el 30 de septiembre de 2019, por la pugna entre las dos facciones de la gran burguesía intermediaria para el reparto del estado y los negocios derivados de ellos, especialmente por el financiamiento y la corrupción vinculado a ODEBRECHT: El aprofujimontesinismo con el financiamiento de sus campañas y la corrupción en la obras de IRRSA Sur y, del otro lado, los negocios de PPK en el proyecto Olmos y de Vizcarra con CONIRSA, además del fracasado negociado del Aeropuerto de Chincheros.

A medida que la pugna se profundizaba, esta se manifestaba como crisis política e iba mostrando que abarcaba al conjunto del estado: Poder judicial, Legislativo, Legislativo, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, hasta el Tribunal Constitucional; además, al conjunto de defensores de la Constitución Neoliberal Fujimontesinista de 1993 y de continuadores del modelo neoliberal, involucrando también a algunos que en su momento se declararon de izquierda pero aprovecharon la confianza del pueblo para venderse.

La agudización de la crisis ha puesto en movimiento al pueblo, también perjudicado por las consecuencias que esas conductas corruptas, de manera palpable en el caso de los peajes de Lima y de manera no tan evidente en los millones de dólares desviados de su necesario uso en el cumplimiento de los derechos a la salud, educación, seguridad social, etc. para ir a los bolsillos de los implementadores del neoliberalismo en nuestro país.

Consecuentemente, todo este proceso desembocó en el cuestionamiento de la madre de todas las leyes en la sociedad capitalista, ley de leyes la llaman, la Constitución Política Neoliberal y Fujimontesinista de 1993 y en la profundización de las exigencias populares, del abajo los corruptos al cierre del congreso, al que se vayan todos, adelanto de elecciones y cambio de constitución, aunque de limitada influencia. Reflejo de ello ha sido que el gobierno de Martín Vizcarra ha tenido que recurrir a la reforma de la Constitución para enfrentarse a sus enemigos y canalizar el descontento popular a su favor.

La lucha electoral culminada el 26 de enero de 2020, también se encontró marcada por la disputa en torno a la Constitución, aunque los periodistas de la derecha pretendieron esconder ese hecho, a pesar de que los candidatos fujimontesinistas levantaron en alto la defensa de su Constitución.

Asistimos al aniversario vigésimo octavo del golpe de estado que tuvo el objetivo de implantar el modelo neoliberal, objetivándolo jurídicamente en la Constitución Política de 1993, en medio de la crisis sanitaria catalizada por la pandemia del coronavirus que está demostrando que ambos, modelo y constitución neoliberales, no sirven a los intereses del país y del pueblo en el enfrentamiento a la pandemia, poniendo en grave peligro nuestras vidas.

En medio del combate a la pandemia no se debe abandonar la lucha contra el modelo neoliberal y la Constitución Política que la expresa y le da sustento jurídico, más aún si las condiciones económico sociales del país, en particular de su sistema de salud, y cómo se enfrenta la pandemia son producto y manifestación de ambos. Debemos profundizar en los contenidos del por qué cambiar la Constitución Política y el cómo hacerlo.

II

La consigna de cambio de constitución pone los pelos de punta a los neoliberales, incluso a los opuestos a los aprofujimontesinistas y proclives a las reformas liberales de la facción Vizcarrista, quienes en todas las formas posibles salen a defender la Constitución Política Neoliberal y Fujimontesinista de 1993 y a rechazar su cambio, en especial del régimen económico establecido en el Título III.

Los defensores de la Constitución Neoliberal fujimontesinista de 1993 defienden con particular energía los principios establecidos en su Título III (Rosa María Palacios en La República.20-10-2019.Pág.13) como Iniciativa privada libre; economía social de mercado; libertad de trabajo; libertad de empresa, comercio e industria; rol subsidiario del estado; eliminación de la prohibición de monopolios, oligopolios y acaparamiento; libertad de contratar; contratos leyes no modificables legislativamente; igualdad de condiciones para inversión extrajera y nacional; derecho de propiedad inviolable salvo expropiación con pago del justiprecio; inclusión obligatoria en el presupuesto del pago de la deuda pública; etc. Evidentemente puras libertades y seguridades para los inversionistas privados como los Graña, los Miró Quesada, los Romero, enfeudados a las transnacionales mineras, constructoras, comerciales, industriales y financieras extranjeras como ODEBRECHT. Es decir, libertades y seguridades para los actores de la corrupción que se ha destapado en estos últimos tres años. Suficiente razón para cambiarla y dejar claramente establecido que quienes dicen luchar contra la corrupción y no quieren cambiar la Constitución, en el fondo quieren mantener la corrupción en su propio beneficio.

Los defensores de la Constitución Neoliberal fujimontesinista de 1993 argumentan que esos “principios” conformantes del “modelo económico neoliberal” han sido la base del éxito de la economía peruana, del crecimiento ininterrumpido y la prosperidad de los últimos 27 años que han llevado a la “disminución a la mitad de la pobreza monetaria” y a la “incorporación de más peruanos a la pujante clase media” (Magali Silva. El Comercio.20-10-2019. Pág.28). Lo cierto es que el crecimiento ininterrumpido ha significado el crecimiento de la producción e ingresos de las empresas y en consecuencia de las ganancias de sus propietarios, los inversionistas privados que tan bien los conocemos por los destapes de la corrupción. Ese es otro motivo para cambiar la Constitución fujimontesinista neoliberal de 1993.

Además, no se puede dejar de ver que el modelo económico neoliberal, como consecuencia del sometimiento al mercado internacional representado por las transnacionales y la gran burguesía intermediaria, ha vuelto más vulnerable a la economía del Perú a las crisis internacionales del capitalismo; en especial debe tenerse en cuenta que el modelo neoliberal expresado en la Constitución de 1993 ha elevado a principio constitucional el “rol subsidiario del estado”, entonces la economía del país se desenvuelve según los intereses de las transnacionales y la gran burguesía intermediaría que han priorizado, además de las finanzas y servicios, la exportación de materias primas minerales y por ende cada vez que hay un aumento de los precios de los minerales los ingresos por exportación aumentan y cada vez que caen los precios de los minerales los ingresos por exportación decaen, sin que se pueda hacer nada desde el estado por su papel “subsidiario” para evitar esos vaivenes, salvo salvar al sistema financiero.

La primacía del mercado y de los inversionistas privados y el rol subsidiario del estado, también impiden el desarrollo de la industria, hoy en su cuarta revolución, basada en la ciencia y la tecnología. Ello es así porque los “inversionistas privados” nativos, dedicados a sus alianzas con las transnacionales financieras y mineras, encuentran sus mayores ingresos en la extracción de materias primas; por lo que no tienen mayor interés en modificar el carácter primario exportador de la economía del país y, es evidente, menos les interesa el desarrollo de la ciencia y la tecnología que permita industrializar el país, acceder a la producción de productos informáticos, de la cibernética, de la biotecnología. El estado, limitado constitucionalmente por su rol subsidiario no hace otra cosa que reproducir en la educación y en la investigación, las necesidades de esa economía primario-exportadora. Si llegara al gobierno un partido con un programa de industrialización y de desarrollo de la ciencia y tecnología, es evidente que la subsidiariedad del estado le impediría cumplir con dicho programa.

Claro que, quizás esté demás decirlo, eso no les interesa a los partidos de la derecha liberal, neoliberal y fascista en el gobierno o que han gobernado, pues el negocio de sus financistas está en los bancos, AFPs, minería, construcción y gran comercio, como se ha visto en el financiamiento a Fuerza Popular, Partido Aprista, PPC, Solidaridad Nacional, Partido Nacionalista, etc., por ODEBRECHT, el Club de la Construcción, el Grupo Romero, el Grupo Rodríguez, etc. Ese es otro motivo para cambiar la Constitución fujimontesinista neoliberal de 1993.

Respecto del argumento de la reducción de la pobreza esgrimido por los defensores de la Constitución fujimontesinista neoliberal de 1993, el INEI (https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/exposicion_evolucion-de-pobreza-monetaria-2018.pdf), para medir la pobreza monetaria, ha inventado que los pobres extremos son los que no alcanzan a cubrir una canasta alimentaria familiar de S/ 183 soles, los pobres no extremos son los que no alcanzan a cubrir una canasta alimentaria familiar de S/ 344 soles, y los no pobres son los que pueden cubrir la canasta alimentaria familiar de S/ 344 soles; es decir, con ese artificio numérico se ufanan de haber reducido la pobreza monetaria, cuando en la realidad S/ 344 soles no alcanza ni para una semana. Aun con todas esas artimañas no pueden ocultar que el “modelo neoliberal” no garantiza la disminución ininterrumpida de la pobreza de la misma forma que, según los apologistas del neoliberalismo, ha garantizado el crecimiento ininterrumpido de la riqueza de los inversionistas privados; así en la versión digital de El Comercio informan el 20 de octubre de 2019 “La pobreza urbana en el 2018 fue mayor que en 2016” (https://elcomercio.pe/economia/peru/pobreza-urbana-subio-225-mil-personas-2018-noticia-625305-noticia/).

La Constitución Neoliberal fujimontesinista garantiza el aumento de la riqueza para los inversionistas privados mientras empobrece al pueblo, a pesar de sus artificios numéricos, otra razón más para cambiarla.

III

A contracorriente de quienes muestran su terror (como Rosa María Palacios y los periodistas de Radio Programas del Perú) por el “peligro” de reformar la constitución en cuanto al régimen económico establecido en su Título III, o de quienes solamente propugnan reformas políticas de la Constitución, debemos plantear una nueva constitución, una sustitución completa de la Constitución.

Es que los principios del Título III de la Constitución Neoliberal fujimontesinista, no son exclusivos de dicho Título, sino que impregnan todos los demás Títulos y Capítulos de esta, en contra siempre del pueblo y en beneficio de los “inversionistas privados”.

Solamente revisando el Título I De la persona y la sociedad, en su Capítulo II Derechos Sociales y Económicos, se puede constatar que, siguiendo el sometimiento de toda la sociedad al mercado, a la inversión privada y al principio de rol subsidiario del estado, no se garantiza desde éste el derecho a la salud y seguridad social y a la educación de manera pública, universal y gratuita sino que las abre al mercado.

En salud y seguridad social, el estado garantiza el libre acceso “a su prestación por entidades públicas, privadas o mixtas”. De este marco constitucional surgieron, en salud los tarifarios diferenciados en los establecimientos de salud públicos, es decir el cobro por atención desde el subsidiado del SIS, pasando por seguros privados, soat, etc, así como las EPS, que también prestan el seguro de salud a los trabajadores, en competencia con ESSALUD. En materia de seguridad social se impusieron las AFP y el desfinanciamiento de la ONP.

En educación establece que el estado “garantiza la mayor pluralidad de oferta educativa” (pública y privada) y “subvenciona la educación privada” (a pesar que ni siquiera garantiza el presupuesto para universalizar la educación pública y gratuita de calidad), estableciendo incluso que “toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de estas conforme a ley”; es decir, la educación convertida en objeto de compra y venta, de mercancía a ser ofertada por las empresas educativas.

En beneficio de los inversionistas privados, con la Constitución Política de 1993 se abrió las puertas a la explotación del trabajo gratuito con la dicotomía de no estar obligado a “a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento” y se eliminó la estabilidad laboral, aplicando así la economía de mercado y la libertad de trabajo y de contratar que le corresponden.

La subordinación y liquidación de los derechos de los trabajadores y el pueblo al mercado y a los inversionistas privados, es otra razón más para cambiar la Constitución Política de 1993.

IV

En cuanto a la organización estatal, consecuentemente con ser la expresión de los intereses de los grandes “inversionistas privados” nacionales y extranjeros, que son una minoría, la Constitución Neoliberal Fujimontesinista de 1993 ha expropiado el derecho del pueblo peruano a decidir, en beneficio de la burocracia del estado, incluso de los congresistas que hasta ahora y en su mayoría han sido la expresión política de los grandes “inversionistas privados”, que se coluden entre ellos favoreciendo la corrupción; como la selección o designación de funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, etc.; los congresistas una vez electos no pueden ser revocados por el pueblo, como también ocurre con todos los funcionarios; la restricción del ejercicio de derechos a los trabajadores del estado; y, la máxima expropiación, el impedimento a la elaboración de una nueva Constitución con la restricción a reformas totales o parciales.

En suma, el carácter antidemocrático de la Constitución que permite la corrupción es otra razón para su cambio. Las reformas propuestas por Vizcarra no han modificado ese carácter. Observemos nada más como se designó a quienes seleccionaron a la Junta Nacional de Justicia y, finalmente, cómo y quiénes fueron los seleccionados: Con expropiación del derecho del pueblo a elegir a los funcionarios de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial y el Ministerio Público y el sometimiento de los Jueces y Fiscales a un grupo como la Junta Nacional de Justicia, sin ninguna responsabilidad ante el pueblo.

V

La Constitución Neoliberal Fujimontesinista de 1993, ha restringido su modificación a reformas parciales o totales, no permite la elaboración de una nueva, y también ha restringido el procedimiento para hacerlo, el cual pasa necesaria y obligatoriamente por el Congreso.

Es decir, según la Constitución Neoliberal Fujimontesinista, el pueblo no puede decidir sobre el contenido de la Constitución, debe limitarse a reformar el contenido existente.

Asimismo, según la Constitución Neoliberal Fujimontesinista, el pueblo no puede intervenir con plenas facultades para modificar la Constitución, solamente el Congreso en funciones puede hacerlo.

Ambas disposiciones de la Constitución Neoliberal Fujimontesinista son evidentemente la destrucción del principio de la soberanía popular, según el cual el poder del estado emana del pueblo y por ser la Constitución la ley que justamente organiza al estado, no debe haber limitación ni restricción al pueblo para decidir su contenido y menos para el procedimiento de su modificación.

Entonces, lo democrático no es la defensa de la Constitución Neoliberal Fujimontesinista, como pregonan los de Fuerza Popular, Solidaridad Nacional o del Partido Aprista, sino su cambio y esto debe hacerse volviendo al principio, al poder constituyente del pueblo, con la participación del pueblo peruano en la elección de mandatarios para realizarlo, en la discusión del contenido de la nueva constitución y en su aprobación.

En las actuales circunstancias, en que el estado está organizado como un estado representativo y que la conciencia política, movilización y organización popular no tienen la fuerza para generar nuevas organizaciones estatales mediante las cuales ejerza una participación directa en las decisiones para la elaboración y aprobación de una nueva constitución, lo más avanzado y democrático para realizar el cambio constitucional es una asamblea constituyente elegida por el pueblo.

Fuente:

Partido Comunista del Perú - Patria Roja

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