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Categoría: México

Hace tres semanas se declaró la fase 1 de la alerta sanitaria por COVID-19. A partir de entonces, paulatinamente, se han ido cerrando centro de atención en los hospitales, empezando por las consultas, luego las operaciones ya programadas y, finalmente, el servicio de urgencias.

Hasta ahora solo los centros de alta especialidad siguen dando atención y seguimiento a las personas que tuvieron operaciones recientes o que requieren quimioterapia o diálisis. Sin embargo, la completa falta de coordinación entre los lineamientos que el subsecretario de salud señala en las conferencias diarias y la aplicación práctica en los hospitales de los estados, ha generado un caos que contribuye a colapsar el sistema de salud público, por tantos años abandonado.

Hablemos de lo que está pasando en el estado de Morelos actualmente, que bien sirve para ejemplificar la situación de todo el país:

Los principales centros de salud de este estado, el Hospital General G. Parres del Seguro Popular y el Hospital Regional del IMSS, ahora se encuentran destinados a la atención del COVID-19, debido a esto han cancelado todo tipo de cirugías. Es decir que las personas que llevaban más de seis meses esperando por una operación, ahora deben seguir esperando “hasta nuevo aviso”.

A pesar de que el servicio de Urgencias no se ha cancelado, se hace todo lo posible por devolver a las personas a sus casas recetando nada más que reposo. No sorprenden los casos de embarazadas a quienes en el IMSS les han aconsejado “ir a aliviarse a una clínica particular” ante lo cual ellas se preguntan “¿y con qué dinero?”. Pero más grave aún es escuchar que en los barrios se comente “mi vecina fue al IMSS y le dijeron que no estaban atendiendo; al final murió ayer porque le reventó la vesícula”. 

El gobierno presume de haber establecido áreas especiales para la atención de COVID-19, sin embargo los ciudadanos se sorprenden al hallar que la única medida que se ha implementado es delimitar las puertas de dichos consultorios con pliegos de plástico. 

Hoy Morelos registra 16 casos confirmados de COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado calcula entre 5,000 y 11,000 casos para finales de abril, y dado que tomaron la decisión de convertir los principales hospitales del estado en centros de infección, dichas cifras no sorprenden en absoluto.

Mientras tanto, en el Hospital General de Cuautla el personal encargado de la atención al COVID-19 fue renunciando en cascada luego de que dos casos fueran confirmados e internados en dicho hospital. Ello es un reflejo de que la administración ha dispuesto del personal médico sin su consentimiento, generando mayores complicaciones para la atención. Esto se hubiera evitado de haber emitido en tiempo una convocatoria para el alistamiento voluntario del personal médico que asuma plenamente los riesgos que la tarea implica y tenga además la capacidad y experiencia para hacerlo. 

Pocos días después, en el hospital más nuevo del estado, ubicado en Axochiapan, un grupo  de pobladores amenazaron con quemar el hospital si se internaban casos positivos de COVID-19 ahí, pues temen por sus familias. Tal desbarajuste es resultado de una administración torpe y un pueblo que tiene poco que perder. 

En la situación actual, es importante garantizar el aislamiento total de la enfermedad, comprometiendo lo menos posible el funcionamiento del resto del sistema hospitalario, y así asegurar la mayor normalidad en la atención del resto de enfermedades igualmente  graves. Sin embargo, para la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco ha sido prioritario montar un hospital móvil únicamente para grabar un promocional a su gobierno en medio de la visita de AMLO a Morelos, el cual se desmontó inmediatamente una vez que el presidente partió. 

Durante esa misma visita presidencial, el pasado sábado, padres de familia de niños con cáncer atendidos en el Hospital del Niño Morelense denunciaron la evidente pretensión del hospital de ahorrar quimioterapias planteando la amputación de brazos y piernas en casos de tumores en estas extremidades. Desde hace meses los padres reclaman material e insumos para la atención de sus hijos y hoy la desesperación se recrudece. 

A solo tres semanas de iniciada la cuarentena, al sistema de salud se le han roto los cimientos bajo el peso de años de recortes, desabasto de material y precarización del personal médico. Los derechohabientes han perdido el acceso a la atención médica y las enfermedades no perdonan; el número de personas cuya vida está en riesgo por la cancelación de operaciones es por ahora incalculable. Probablemente serán cientos los que mueran durante esta contingencia por falta de atención médica regular, pues ¿quién, en medio de una contingencia, descansado sin salario y con facturas que no dejan de llegar, puede costearse una operación en un hospital privado?

Fuente:

El Comunista – Órgano del Comité Central del Partido Comunista de México

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