Somos conscientes de la necesidad de la implantación del Ingreso Mínimo Vital  con la máxima rapidez ya que va dirigida a los más vulnerables de la sociedad. También el resto de prestaciones que gestiona el INSS ha de recuperar el ritmo anterior a la declaración del Estado de Alarma. Pero solo trabajando  una parte de la plantilla y privatizándolo a TRAGSA en lugar de reforzar el INSS, es un fracaso anunciado. Tampoco el plan de la administración de incorporar a su puesto de trabajo, sin atención al público, paulatinamente del 40 % al 70 %, de la plantilla sigue siendo suficiente para garantizar la prestación del servicio público.

CGT ponemos en duda que se pueda pagar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en los plazos que promete el Gobierno con la subcontratación a TRAGSA y la realización de horas extras. Exigimos que el dineral que se quiere destinar se invierta en el INSS mejorando sus recursos y plantillas. Nos plantea además serias dudas las garantías de confidencialidad y custodia que se puedan ofrecer el teletrabajo desde un servicio externalizado.

Desde el 16 de marzo, poco más de un tercio la plantilla del INSS hemos estado teletrabajando realizando interminables jornadas de trabajo con medios propios (ordenadores, teléfonos, wifi, electricidad, etc.), y poniendo muchas horas y esfuerzo personal, sin esperar nada a cambio, ya que se supone que deben correr tiempos de solidaridad y somos plenamente conscientes de que tramitamos prestaciones muy necesarias especialmente en momentos difíciles y no es tolerable la demora de las mismas, por culpa de la falta de medios y la mala organización de la administración.

Una gran parte del personal no ha podido trabajar por falta de medios, no han aparecido los recursos en forma de ordenadores, líneas telefónicas, etc., lo que ha provocado que no se diera el servicio público con pleno rendimiento y con la efectividad necesaria. Además, al no ser posible realizar la atención presencial, la brecha digital ha dificultado a las personas más vulnerables poder solicitar las prestaciones a las que tiene derecho y que aún están pendientes de gestionar. Como consecuencia ya  existe un gran retraso en la gestión de las nuevas solicitudes del conjunto de prestaciones (jubilaciones, incapacidades etc.), de las que ya corresponden al INSS.

La solución no puede ser la realización de horas extraordinarias y la subcontratación precaria y sin formación mientras hay funcionarias y funcionarios en casa sin trabajar por falta de medios. En la actualidad hay un gran número de trabajadores de muchos sectores afectados por ERTE, despidos, autónomos, que no van a poder reiniciar su actividad. Por lo tanto, que la administración plantee hacer horas extras por realizar nuestro trabajo es totalmente inmoral.

Para CGT, la viabilidad del pago del Ingreso Mínimo Vital y el resto de las prestaciones pasa por:

– Dotación de los medios necesarios (ordenadores, teléfonos, escritorios virtuales,…), para que el cien por cien de la plantilla actual pueda trabajar su jornada habitual ya sea desde las oficinas o desde su domicilio.

– La contratación de personal interino: la situación de recursos humanos antes de la pandemia ya era insuficiente para atender el número de prestaciones que se tienen que resolver, hay más de 20% de plazas vacantes sin cubrir, y cada año va a más, dado la edad de la plantilla por encima de los 57 años de media. La contratación de interinos permitiría resolver de forma permanente el déficit actual de recursos humanos al consolidarse con la oferta de empleo público.

Desde CGT exigimos fortalecer los Servicios Públicos para garantizar su eficacia a la población.

Fuente: Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

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