Jueves, 13. Diciembre 2018

Izquierda Unida ha registrado un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Manuel García Castellón, para que éste comunique ya su decisión sobre si piensa investigar al Partido Popular como persona jurídica y, por tanto, tener a la formación que lidera Pablo Casado como investigada (imputada en la definición anterior) en la denominada ‘trama Púnica’ de corrupción de este partido en la Comunidad de Madrid. De la misma forma, IU quiere que García Castellón se pronuncie sobre si citará a declarar también como investigada a la ex líder del PP madrileño y ex presidenta de esta comunidad, Esperanza Aguirre, como ya solicitó hace meses.

La representación legal de Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en este caso junto a otras asociaciones y formaciones -también la ejerce en el denominado ‘caso Lezo’ que se instruye en este mismo juzgado, que investiga presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II durante la presidencia regional de Ignacio González-, solicita al magistrado ejercer este derecho de forma independiente en lo que queda de investigación de la ‘trama Púnica’. Busca hacerlo sin ‘proceder a su integración en ADADE y una vez verificado lo anterior y conste integrada en la referida asociación podrá mediante escrito realizar la petición realizada en el escrito que se provee’, como estableció el juez en una providencia dictada antes del verano y notificada este mes de septiembre a las partes.

Sobre la declaración como investigada de la persona jurídica Partido Popular, el escrito que registra Izquierda Unida como acusación popular -junto a Ecologistas en Acción, Federación ‘Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes’, Equo y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)- apunta que de los hechos investigados “se desprende de forma indubitada que en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización criminal que comandaba Ignacio González, secretario general del PP de Madrid, se encontraba el propio PP, quien aparece beneficiario directo de las actividades de la trama, por lo menos, en lo concerniente al desvió de fondos desde ICM (la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid) al PP en los ejercicios 2012 y 2013”.

IU entiende que “existiendo pocas dudas de la absoluta falta de control interno que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña, una auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo del PP, partido que, por otra parte, no habría reflejado dichos ingresos a la Hacienda Pública, habiéndose valido igualmente para esta ilícita conducta de la empresa INDRA, tal y como se puede deducir de la información que la citada empresa ha puesto recientemente a disposición de este juzgado”.

Para los servicios jurídicos de Izquierda Unida, con ocasión del análisis de las conductas concernientes al desvió de fondos desde ICM o INDRA al Partido Popular en los ejercicios 2012 y 2013 “cabria incluir entre los delitos que indiciariamente fácilmente se pueden imputar al Partido Popular los de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, así como la perpetración de un delito electoral”.

Sobre la imputación de Esperanza Aguirre, Izquierda Unida entiende que “existen sobrados elementos indiciarios como para que comparezca en sede judicial en calidad de investigada para responder sobre su participación en posibles delitos de encubrimiento, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas llevadas a cabo por Ignacio González y su red corrupta”.

También “en relación a la conducta del propio Partido Popular relativa a la comisión de delitos, por parte del Partido Popular, de cohecho, blanqueo de capitales, estafa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y delitos electorales”.

“Y es que, en cualquier caso -añade el escrito de IU-, lo que resulta palmario es que la Sra. Aguirre debe comparecer ante esta instrucción para dar cuenta de su conocimiento de los hechos y relación con los mismos, siendo que su grado de implicación, complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta, además de la propia responsabilidad que tenía como presidenta del PP de Madrid y de la CAM, hace que su comparecencia con plenas garantías constitucionales sólo puede realizarse en la condición de investigada, con aplicación de todos los derechos a los que pueden acogerse los investigados en causa”.

En lo referido a la imputación de Aguirre y del propio PP, el magistrado García Castellón no se ha mostrado hasta ahora muy proclive a ello. El pasado mes de febrero señaló en un auto que será el ‘resultado de las diligencias practicadas’ en esta investigación que se arrastra desde 2014 lo que determine el devenir de sus actuaciones.

La acusación popular que representa IU entiende también formulado con este escrito el “recurso de reforma subsidiario de apelación” al auto anterior de Manuel García Castellón para actuar como acusación popular de forma independiente de ADADE en la ‘trama Púnica’, como lo hace ya desde hace meses en el ‘caso Lezo’.

Izquierda Unida señala de forma expresa su “disconformidad” con la “forma en que el juzgado pretende limitar sin ningún tipo de motivación la capacidad de actuación de la acusación popular, colocándolas a todas bajo el paraguas de una única representación procesal”. Alega que la doctrina constitucional ha insistido una y otra vez en la exigencia de motivar las resoluciones judiciales -consagrada en el art. 120 de la Constitución- máxime cuando la aplicación de una norma y la interpretación que se haga de la misma pueden afectar a un derecho constitucional.

“En el fondo subyace la necesidad de salvaguardar el derecho de defensa (art. 24.2 de la Constitución Española) que las partes, como ocurre en el caso que nos ocupa, ven vulnerado si no se les permite conocer las razones por las que se ha adoptado una determinada decisión, dificultando así sus posibilidades de combatirla”, se argumenta.

Fuente:

Izquierda Unida

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