Lunes, 10. Diciembre 2018

• Paloma López, desde el Parlamento europeo, y Eva García Sempere, desde el Congreso, coinciden en “saludar” la decisión del TUE por “volver a declarar que los acuerdos legítimos que realice la Unión Europea con otros países no pueden nunca involucrar a los recursos naturales de otros territorios, ni por tierra y ni por mar”

• “El Gobierno debe garantizar que las cofradías y empresas pesqueras que faenan en aguas del Sáhara mantengan su actividad económica y, por tanto, no se vea afectado ningún puesto de trabajo asociado”

Izquierda Unida considera que tanto la Unión Europea (UE), en su conjunto, como “especialmente” el Gobierno español “deben de tomar nota” de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, además de las resoluciones anteriores, “y empezar a corregir las injusticias cometidas durante décadas con el pueblo saharaui”. Para IU, “no se trata de que las empresas españolas o europeas dejen de pescar o de realizar cualquier otro negocio, si no de que los saharauis y sus representantes son los únicos que pueden decidir a la hora de ceder sus recursos”.

En esta valoración coinciden la eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo, Paloma López, y la diputada de esta misma formación en el Congreso Eva García Sempere.

El TUE dictaminó hoy que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos es ‘válido’ porque no es aplicable al Sáhara Occidental ni a sus aguas adyacentes, ya que sería contrario al principio de libre determinación recogido en el Derecho internacional.

Para García Sempere, “saludamos la sentencia del tribunal europeo. Corregir esta injusticia y dar la razón a quienes legítimamente reclamaban la potestad y la capacidad de decisión sobre sus propios recursos naturales era algo que debió hacerse hace mucho tiempo. Ni la UE, en general, ni el Gobierno español, en particular, han estado a la altura en estos años”.

López añade que “estamos ante la única posición posible que podía tomar la justicia europea, que vuelve a declarar que los acuerdos legítimos que realice la Unión Europea con otros países no pueden nunca involucrar a los recursos naturales de otros territorios, ni por tierra y ni por mar”.

“Las cofradías y las empresas pesqueras -considera- tienen todo el derecho a mantener su actividad económica donde estimen mejor para sus intereses. Corresponde a los gobiernos de Europa y de Marruecos abandonar la forma en que hasta ahora han negociado sin ningún derecho sobre los recursos de un territorio autónomo como es el Sáhara Occidental”.

La eurodiputada insiste en que el Gobierno español “debe proteger a las empresas de nuestro país que trabajan en este territorio mediante acuerdos que garanticen el cumplimiento de la ley y realizados con sus legítimos representantes”.

En la misma línea, Eva García Sempere advierte de que “estaremos muy vigilantes desde el Congreso respecto a los acuerdos de pesca que el Gobierno del PP debe empezar a impulsar a la mayor brevedad con los legítimos representantes del pueblo saharaui. Debe garantizar así que las cofradías y empresas pesqueras que faenan en aguas del Sáhara mantengan su actividad económica y, por tanto, no se vea afectado ningún puesto de trabajo asociado. Indudablemente, habrá una garantía mayor, ya que se tratará de acuerdos legítimos que no estarán bajo la sospecha permanente por violar la soberanía del Sáhara”.

Paloma López, por su parte, incide en que con lo dictaminado hoy por el TUE “se vuelve a dar la razón al pueblo saharaui y a su representante legal, el Polisario, al reivindicarse como las legítimas y únicas instituciones que pueden negociar sobre los recursos de su territorio y su futuro”.

La vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo apuesta por que “los gobiernos de Europa, y en especial el español, establezcan relaciones comerciales normales y legales con los representantes saharauis, como parte de su labor como potencia descolonizadora en el proceso de autodeterminación”.

“Nadie -apostilla Paloma López-, y mucho menos las instituciones y gobiernos de Europa, pueden solapar con una potencia militar ocupante los derechos legítimos del pueblo saharaui”.

Tacha, además, de “llamativo” que desde determinados medios y espacios políticos se haya presentado esta denuncia “como un ataque contra las empresas españolas o nuestra economía. Lo que se busca con acciones judiciales de este tipo es que los gobiernos cumplan la ley al establecer acuerdos comerciales sobre recursos saharauis sin contar con sus dueños legales”.

Fuente:

Izquierda Unida

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